El País: El Gobierno mexicano admite que el mecanismo de protección para los activistas y reporteros del país presenta fallas tecnológicas y de coordinación entre las autoridades.
Esta es la cifra de personas adscritas actualmente al mecanismo de protección para activistas y comunicadores implementado por el Gobierno federal. El programa, creado en julio de 2012, no ha frenado la violencia contra los denunciantes. Desde el 1 de diciembre, fecha en que inició el mandato de Andrés Manuel López Obrador, a la fecha han sido asesinados seis periodistas y nueve defensores de derechos humanos, según cifras oficiales. La estadística sigue creciendo. El domingo ocurrió el homicidio del reportero deportivo Omar Iván Camacho en el Estado de Sinaloa, un caso que está bajo investigación por la fiscalía local.
498 de las 790 personas adscritas al mecanismo son defensores de derechos humanos. 292 son periodistas. La capital del país y los Estados de Veracruz y Guerrero concentran la mayoría de los casos de protección, ha informado este lunes el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Con nueve homicidios en 2018, México ha sido identificado por segundo año consecutivo como la nación en paz más peligrosa para la prensa según Reporteros Sin Fronteras y enfrenta una escalada de violencia que ha rebasado las medidas de contención de las autoridades. En enero fueron asesinados en extremos opuestos del país, el periodista Rafael Murúa, en Baja California Sur, y el defensor Noé Jiménez, en Chiapas. Ambos eran beneficiaros de este supuesto programa de protección.
