Disonancia: Hay más voces, pero no hay diálogo

“Mientras persistan los atentados abiertos y directos contra la libertad de expresarse e informar, junto a mecanismos sutiles e indirectos de censura, estará en entredicho nuestra democracia”, así lo advierte Article 19  en su informe anual “Disonancia: Voces en Disputa”

En 270 páginas, Article 19 Oficina para México y Centroamérica  documenta y analiza la política de información y comunicación en México durante la presente administración de Andrés Manuel López Obrador.

En el apartado “2019: Lo bueno, lo malo y lo feo” se hace un balance sobre lo que ocurrió el año pasado en materia de libertad de expresión, derecho a la información, así como los avances que la sociedad consigue a través una lucha constante.

Asimismo, se detectan siete tendencias en el 2019: “¿Más o menos acceso a la información pública que en el pasado?”, “En las políticas de acceso a la información, ¿de verdad van ‘primero los pobres’?”, “¿Las instituciones al servicio del poder o como contrapreso ciudadano?”, “Conferencias matutinas: ¿una nueva forma de propaganda?”, “¿Nunca más la atrocidad y el terrorismo de Estado?”, “Migrantes: ¿sujetos del odio, la discriminación y la desinformación?”, “Mujeres: ¿estamos haciendo que nuestra voz resuene?”.

En otro capítulo, se hace un escrutinio sobre el comportamiento agresivo y sistemático que ocurre en las redes sociales en contra de las voces que cuestionan la actuación del gobierno federal.

Así, en el desarrollo de informe se contrasta cómo el discurso prometedor durante la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, el primero de diciembre de 2018, en favor de la libertad de expresión se ha distorsionado con el paso de los días a través de la descalificación, y estigmatización cotidiana más evidente durante cada conferencia matutina; acciones por parte del titular del Ejecutivo que tienen una repercusión directa contra los periodistas y comunicadores, y que se traducen en una mayor cantidad de ataques, ahora también a manos de particulares y a través de las “benditas redes sociales”.

En este contexto, Article 19 documenta que el año 2019 fue el más violento para la prensa al registrarse 609 agresiones y diez homicidios de periodistas; esto significa que durante ese año se agredió a un periodista cada 15 horas. Sin embargo, los niveles de impunidad en estos crímenes están por arriba del 99 por ciento.

En el informe, se retoma el caso de la periodista Lydia Cacho obligada a cambiar de lugar de residencia en julio de 2019, luego de que su vivienda fuera allanada y sus mascotas muertas, ya que si bien se ejerció acción penal contra los autores intelectuales de la detención arbitraria y tortura sexual de la que fue víctima, éstos siguen prófugos.

“El mensaje de los actores políticos y económicos implicados en las redes de pederastia, los mismos que en 2005 urdieron su detención y tortura fue claro”.

Se trae a la memoria el caso de Samir Flores Soberanes, comunicador comunitario indígena náhuatl y activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala y delegado del Consejo Nacional Indígena. El pasado 10 de febrero de 2019, Samir acudió personalmente a un acto público con el presidente Andrés Manuel López Obrador a manifestarse en contra de la termoeléctrica de Huexca, Morelos. Ahí Samir y el grupo opositor al proyecto, fueron calificados como “radicales de izquierda” por parte del Presidente de la República.

La voz de Samir y la de sus representados fueron ignoradas y su derecho a la libertad de expresión desconocida por parte del Ejecutivo federal. Diez días después, el 20 de febrero de 2019, Samir fue asesinado y hasta hoy su crimen está impune.

Los discursos que erosionan la actividad periodística y que generan un clima de polarización entre la sociedad ya no son exclusivos del titular del Ejecutivo federal, de igual forma son replicados en las localidades como un “efecto cascada”. De esta forma se ejemplifica con el caso de Baja California, en donde funcionarios de Tecate y Comondú han escalado la confrontación con los medios, estigmatizándolos e incluso lanzando amenazas e intimidación, lo cual vulnera la seguridad de los periodistas.

“Los calificativos que usa AMLO para referirse a la prensa pueden ser interpretados por los mandatarios locales en todo el país como una autorización para referirse con cualquier término a la prensa local. Ello detona una espiral nociva de violencia que puede materializarse en violencia física o psicológica contra las y los periodistas”.

En el informe, se enfatiza sobre los desafíos generados por las prácticas del pasado, la relación entre la prensa y el poder así como los compromisos que el presidente asumió desde su llegada a la Presidencia de la República.

En ese sentido, se reconoce que los medios de comunicación han mantenido, históricamente, una relación perversa con el poder. Por ello, se subraya la urgencia de mayor transparencia en los criterios para otorgar la publicidad oficial, y que en la práctica no se utilice como un medio de control porque, si bien es cierto que hay una reducción significativa en el gasto en publicidad oficial, también lo es el hecho de que en su asignación persiste la opacidad y discrecionalidad.

Un espacio aparte ocupa la situación de la violencia de género y los esfuerzos que realizan las mujeres por hacerse escuchar en medio de un sistema patriarcal que minimiza la desigualdad, y que no comprende la falta de perspectiva de género en toda la estructura del Estado.

Article 19 recuerda que en México matan a una mujer cada tres horas y, por ello, es importante que las mujeres se hagan escuchar ocupando el espacio cívico tanto en el ámbito físico como digital.

“En 2019, las protestas feministas estallaron y, en algunos casos, se convirtieron en verdaderos actos de desobediencia civil para mostrar el hartazgo ante la violencia, y dar lugar a cambios estructurales para la igualdad y la justicia”.

En síntesis, Article 19 aclara que no toda la disidencia social se traduce en oposición política ni la crítica implica una actitud de confrontación con el poder, e incluso si así fuera, es deber del Estado garantizar la libertad de expresión. No obstante, lejos de eso, parece que los mecanismos de control sólo han mutado.

Por último, el informe propone una agenda mínima 3.0 en materia de libertad de expresión e información que implica la actuación de los medios, la generación de políticas públicas que prevengan la violencia contra la libertad de expresión, combatir la impunidad y garantizar el derecho a la verdad.

De igual forma, llama a abstenerse de utilizar mecanismos de censura en Internet, instrumentar figuras legales y conceptos ambiguos para eliminar contenidos disponibles en línea, equilibrar la protección de datos personales, la privacidad, y el derecho al honor con el ejercicio de la libertad de expresión e información en Internet, desarrollar un programa de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en línea, entre otros.

En la introducción del informe, Ana Cristina Ruelas, directora regional de Articule 19 Oficina para México y Centroamérica reitera en que el deber de garantizar, proteger y promover los derechos humanos es del Estado:

“Por esto, nuestro trabajo es exigir el cumplimiento de estas obligaciones. En ese sentido, y en un contexto en que el gobierno mexicano ha sido incapaz de responder y garantizar un verdadero Estado de derecho, el trabajo de Article 19 se centra en buscar los mecanismos idóneos para la defensa de ambos derechos, tanto en el ámbito legal como en el de la protección y promoción”.

Article 19 se define como una organización internacional de derechos humanos plural y apartidista que busca que todas las personas en el mundo puedan acceder a información y expresarse libremente.

Miriam Estrada Dorantes
Periodista
@miriestra