Informe de UNESCO reconoce retrocesos en libertad de expresión

Aunque en los años recientes se ha posicionado como líder absoluto en la creación de mecanismos de protección, la región que comprende América Latina y el Caribe (ALC) continúa siendo la segunda más peligrosa en el mundo para los periodistas, y cuatro de sus países están en el top ten del ranking de los más letales, destaca un informe de UNESCO.

Diez de los 33 países de la región concentran 125 homicidios de periodistas, con México en el primer lugar (37), seguido de Brasil (29), Honduras (19), Guatemala (14), Colombia (12), Paraguay (6), Perú (4), El Salvador (2), y uno en Ecuador y Haití.

La escalada de violencia dirigida hacia los periodistas en el periodo 2012-2017 tuvo el efecto de intensificar la autocensura, se indica en el reporte. Las protestas callejeras mostraron ser particularmente riesgosas para los profesionales de los medios, al sufrir maltrato tanto por parte de policías como de manifestantes, con daños físicos y materiales (destrucción de equipo).

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Intitulado Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de  los medios: Informe regional para América Latina y el Caribe 2017/2018, este documento se encuentra disponible en ebook para descarga libre (también en inglés).

El documento fue elaborado a partir de investigaciones realizadas por diversas instituciones, abarca el periodo 2012-2017 y su objetivo es ser una herramienta de los Estados en el fortalecimiento de marcos nacionales a favor de la libertad de expresión y de información, así como de la independencia de los medios.

Con 57 páginas, el dedicado a América Latina y el Caribe es uno de seis informes regionales agrupados en una edición global, pero que se pueden ser descargados por separado (los otros corresponden a los Estados árabes, África, Asia-Pacífico, Europa Occidental-Norteamérica y Europa Oriental-Central).

En todos, el análisis se ha dividido en los cuatro pilares clave para alcanzar la libertad de prensa: la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación, y la seguridad (física, psicológica y digital) de los periodistas, con el enfoque de género como línea transversal en todos los casos.

Aunque se reconocen progresos (por ejemplo, la menor brecha de género y salarial entre periodistas), el reporte latinoamericano y caribeño se hace eco de lo que señala el informe mundial, en el sentido de que las tendencias muestran el debilitamiento de la independencia de los medios y el erosionamiento de las normas profesionales del periodismo, esto debido a la influencia de actores económicos y políticos.

La situación se reporta particularmente preocupante en ALC, conformada por 33 países y 625 millones de habitantes, en la cual fueron el periodo de cinco años fueron reportados 125 periodistas asesinados. Aunque todas las modalidades del periodismo han sido afectadas, destacan la radiodifusión y los cibermedios como los que concentran el mayor número de casos. Una constante es la impunidad.

En la región se observa un estancamiento de los avances en igualdad de género, no sólo en cuanto a los contenidos, sino a las oportunidades laborales; un aumento en los ataques físicos y verbales en contra de los periodistas (además de acoso digital, que afecta particularmente a las mujeres, que deriva en censura de género); formas emergentes de censura a partir de las nuevas tecnologías (por ejemplo, remoción de contenidos de Internet en base al derecho al olvido).

Se destaca que hay una disociación entre los sólidos marcos legales y sus débiles mecanismos de implementación, por lo cual no hay una verdadera protección a los periodistas, sea cual sea el origen de la violencia: agentes estatales o no estatales.

Otros temas cruciales: la adjudicación discrecional de la publicidad oficial; la tendencia persistente a mantener la difamación como delito en muchos de los países de la región; la gran cantidad de información bajo reserva de los gobiernos con el fin de frustrar investigaciones periodísticas en temas sensibles como la corrupción; la interceptación de comunicaciones sin orden judicial; la ausencia de protección de las fuentes confidenciales y denunciantes de irregularidades (whistleblowers); la inexistencia de políticas nacionales de alfabetización mediática e informacional; la concentración de medios vía la propiedad cruzada e implementación inadecuada de medidas regulatorias.

Escribe:
Bárbara Vázquez
Activa en el periodismo desde 1984
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